Raúl Torres Barrón*

La muerte  de 44 reos y la fuga de 30 más en el penal de Apodaca, Nuevo León,  son un clara evidencia de que el Estado  no solo ha perdido el control de la seguridad en municipios y diversas regiones del territorio nacional, como lo admitió hace unos días el secretario de Defensa, sino de que ni siquiera es capaz de  imponer su autoridad y dominio sobre los grupos delincuenciales ya capturados y confinados en las cárceles del país.

Las riñas, motines y fugas de las cárceles se han vuelto tan frecuentes como las noticias sobre  ejecutados, decapitados o hallazgo de fosas clandestinas. En menos de un año, sólo en centros penitenciarios del noreste del país han ocurrido seis fugas y enfrenamientos con un saldo de 79 muertos, 89 fugados y un centenar de heridos.

Además de la pérdida de autoridad en las prisiones, lo ocurrido en Apodaca y antes en las cárceles de Nuevo Laredo, Cadereyta, Matamoros y Altamira –para no citar penales de otros estados done también se han registrado fugas como los de Veracruz y Sinaloa—reflejan que los  llamados “centros de readaptación social”, son todo menos sitios donde los presos puedan ser rehabilitados de alguna forma.

Las medidas de seguridad en los penales se han ido perdiendo por varios factores. Uno de ellos es la red de corrupción y complicidad que existen en la mayoría de los penales, donde directivos, vigilantes y custodios promueven, toleran o participan en actividades delictivas como la   circulación de armas y drogas, la explotación laboral y sexual de internos y, no menos importante,  la portación de teléfonos celulares desde los que algunos  internos extorsionan o participan en secuestros o asaltos en el exterior.

Otro problema es el de la sobrepoblación que se ha disparado en este sexenio como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado. Esa saturación  impide además la separación de delincuentes peligrosos de los que cometieron delitos menores. Y hasta hoy, ninguna instancia de gobierno, ni federal o estatal parece haber previsto este  fenómeno ya que no se conocen programas ni presupuestos para la construcción de penales de alta, mediana y mínima seguridad, que alivien ese grave problema del  sistema carcelario.

Un problema adicional es que en casi todos los penales existen autogobiernos y son controlados por uno u otro cártel de la droga. Desde hace tiempo se busca no internar  al miembro de un grupo delincuencial a un penal dominado por un cartel contrario, pero la escasez de penales hacen imposible mantenerlos separados.

Ayer el presidente Calderón, en una declaración más en defensa de su estrategia contra el narcotráfico,  declaró que no ha sido fácil capturar a los jefes o cabecillas de los carteles de la droga. De nada sirve, sin embargo, el esfuerzo que realiza el Estado en meterlos a la cárcel si estas son tan vulnerables, como quedó ampliamente demostrado en la de Apodaca.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

Al parecer, el PAN no aprende de su propia historia. En la contienda electoral de hace tres años, su entonces dirigente, Germán Martínez, manejó un agresivo discurso de vinculación del PRI con el narcotráfico. El resultado fue que su partido pasó de ser la primera fuerza política en San Lázaro a ocupar la segunda minoría. Además, perdió las cinco gubernaturas en juego –las entonces panistas San Luis Potosí y Querétaro, y las priístas Campeche, Colima y Nuevo León–, así como las alcaldías del “corredor azul”: Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán y Cuautitlán Izcalli.

Germán Martínez renunció al día siguiente de la debacle electoral de su partido, el 6 de julio del 2009, pero ahora aparece como miembro del equipo de Vázquez Mota. En aquél proceso electoral, apostó por una contienda llena de ataques contra el tricolor, centrado en la consigna de que “Estás con el Presidente o en contra de él”. Es decir, apoyas su lucha contra el narcotráfico o estas a favor de los delincuentes. El slogan no funcionó y tuvo que irse a su casa.

Ahora, de nueva cuenta, el panismo, por voz de su dirigente formal, Gustavo Madero, e  inclusive la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, desentierran la espada y vuelven a la carga contra el tricolor, con el mismo argumento.

Madero recurre a la misma pregunta que utilizó hace tres años Martínez: “¿De que lado están los priístas en la lucha contra el crimen?”, y afirmó, sin aportar pruebas, que existe una “cada vez más evidente colaboración del crimen organizado que exhiben algunos mandatarios estatales” del tricolor. Y cita que el 80 % de los homicidios han ocurrido en estados gobernados por el PRI. El tricolor tiene el poder en gran parte del territorio nacional, pero se ignora que algunas entidades donde se enseñorea la violencia son gobernados por otros partidos, como  Michoacán, Sinaloa, Morelos, Guerrero y Jalisco.

Para el dirigente del PAN, las “evidencias” son los expedientes de la PGR  y filtraciones de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA), contra ex gobernadores de Tamaulipas, apoyadas en su casi totalidad por las versiones de “testigos protegidos” que, en ocasiones anteriores, fracasaron o quedaron en entredicho, como fue  en el caso de Greg Sánchez y en el tristemente célebre “michoacanazo”. Y es que los citados “testigos protegidos” no son otra cosa que ex delincuentes dispuestos a decir lo que les ordenen con tal de obtener reducción a sus condenas o la libertad con otra identidad. Mientras las autoridades no exhiban prueban contundentes de lo que filtran, todo será pura especulación y parte de la guerra sucia que ya comienza a contaminar la contienda electoral.

Durante la campaña del 2009   se dijo que Martínez era “un colaborador incondicional” del presidente Calderón, y que solo cumplió instrucciones durante la campaña electoral que le tocó coordinar. Sin embargo, su sucesor,  Madero,   parece retomar el mismo discurso de golpear al PRI con el mismo argumento.

Y ello ocurre después de que el secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, admitió que la seguridad interior del país “se encuentra seriamente amenazada”, que en algunas regiones del país la delincuencia organizada “se apropió de las instituciones del Estado” y que hay espacios en el territorio nacional donde “la seguridad pública está totalmente rebasada”. Un desolador panorama después de cinco años de iniciada la “guerra”, “batalla”, “lucha”, o como se le quiera llamar al combate al crimen.

La propaganda oficial, sin embargo y en oposición al diagnóstico del militar, bombardea a la sociedad todos los días con spots exaltando los triunfos contra el crimen, las numerosas detenciones de “jefes de plaza”, las toneladas y toneladas de drogas decomisadas y los cientos o miles de  armas incautadas, todo  “para que la droga no llegue a nuestros hijos”.

El candidato priísta Enrique Peña Nieto calificó las filtraciones de la PGR y la DEA como una “campaña orquestada y bien planeada del Gobierno para desprestigiar al PRI”.

Desde hace tiempo se dice que el gobierno federal tiene “tres bombas” para dinamitar al PRI y evitar su triunfo en julio próximo. Estas son la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en pleno proceso electoral; la explotación mediática de la visita del Papa a México y la detención de varios ex gobernadores priístas. En cuanto al caso concreto de “El Chapo”, habría que recordar que fue capturado durante un gobierno priísta y dejado en libertad bajo el régimen de Fox, pero ello no importa. Tampoco que se diga que Guzmán no podría operar durante tanto tiempo y con tanta libertad, sin conocimiento de las autoridades. La cuestión es dar un campanazo en los medios.

La estrategia antipriista del 2009 no les funcionó ¿Habrán cambiado las condiciones en el 2012?

*Analista

Raúl Torres Barrón*

El Partido Acción Nacional realizará hoy la primera vuelta de su elección para designar a su candidato a la Presidencia de la República y lo peor que le podría pasar es empañar su imagen de “democrático” y que, contra todas las encuestas, percepciones y opiniones de la población, eligiera a un candidato cuestionado por incurrir en prácticas de coacción al voto, como ha sido denunciado el ex titular de Hacienda, Ernesto Cordero.

Desde hace unos días se intenta sensibilizar a la opinión pública con el argumento de que hoy “habrá sorpresas” en la elección, y esa sorpresa no puede ser otra que quien aparece en tercer lugar en todas la encuestas, derrotaría a la puntera de las preferencias, la ex diputada Josefina Vázquez Mota.

Toda la maquinaria del Estado parece trabajar en esa dirección. Solo faltó que la PGR le armara un expediente para sacarla de la jugada, como ya lo ha hecho para golpear a otros aspirantes de la oposición, como ocurrió en Jalisco, en Tijuana –con el fiasco del caso Hank Rohn— en Guerrero y ahora en Tamaulipas.  Leer más

Raúl Torres Barrón*

Fiel a la costumbre perredista de protestar cuando van perdiendo, Alejandra Barrales se reservó  ayer su derecho a reconocer el triunfo de Miguel Angel Mancera en las encuestas para elegir al candidato de las izquierdas a la jefatura de gobierno del Distrito Federal.

El ex procurador capitalino resultó triunfador en el proceso interno y recibió el apoyo de los otros tres precandidatos, Gerardo Fernández Noroña, Martí Batres y Joel Ortega, así como de los dirigentes del PRD, PT,  Movimiento Ciudadano y Morena, que integran el DIA (Diálogo para la Reconstrucción de México) que encabeza Manuel Camacho Solís y que ayer presidió la reunión de las fuerzas de izquierda.

Mancera tuvo un promedio de 33 puntos, contra 22 de Barrales y un promedio de 7 a 9 puntos de cada uno de los precandidatos restantes, si se suman los resultados de las tres empresas encuestadoras, Covarrubias y Asociados, Buendía y Laredo, y Nodo.

El dato más importante, sin embargo, es que la competencia por el gobierno capitalino prácticamente quedará dividida entre tres: Mancera, Beatriz Paredes e Isabel Miranda de Wallace, con cierta ventaja del primero. Y es que la señora Wallace modificó el escenario político capitalino, ya que del tercer lugar que ocuparía el PAN, con solo 13 puntos,  pasa a 23 con la incorporación de la famosa activista. Hasta ahora, su candidatura parece no afectar al PRD,  solo le quita votos y puntos al PRI, cuya candidata, Beatriz Paredes, encabezaba hace dos meses las preferencias electorales en el Distrito Federal.

En cuanto a la contienda perredista, la candidata Barrales hizo que el partido del sol azteca volviera a caer, aun cuando sea por unos días,  en la tónica de los conflictos e inconformidades que caracteriza a ese partido, al negarse a asistir a la reunión del DIA donde se dieron a conocer las encuestas y reservarse su opinión sobre los resultados de las mismas. Lo más probable es que pronto sea convencida de apoyar la candidatura de Mancera, en aras de la unidad y para no ser un factor de división que ponga en riesgo el triunfo de su partido en la capital.

Barrales se quejó de irregularidades en el proceso y de no recibir atención ni respuestas a las mismas. Sin duda, la perredista tomó las torpes declaraciones del ex  secretario de Turismo, Alejandro Rojas, en el sentido de que las encuestas favorecían a Mancera,  como pretexto para protestar.  Otra de las quejas de su equipo fueron las llamadas telefónicas al público en favor de Miguel Ángel Mancera, durante los tres días que duró el levantamiento. Rojas fue destituido por Ebrard y en los días de las encuestas también hubo llamadas en favor de Barrales, pero ésta  insiste en que las irregularidades solo fueron del equipo de Mancera.

La ruptura, sin embargo, no conviene a nadie.  Tal vez por ello mismo, el senador Carlos Navarrete, que declinó por la asambleísta, ayer mismo acudió a la presentación de las encuestas y ofreció aportar su esfuerzo para preservar la unidad perredista.

Al PRD no le conviene revivir la imagen de partido conflictivo  y tampoco ayudaría nada a la campaña del “Peje” una división en sus filas en la capital, sobre todo cuando recorre el país con un mensaje de” amor y reconciliación”. El DF es el último bastión que le queda al partido del sol azteca, y donde están las  principales reservas para apoyar las campañas de sus candidatos al Congreso y la Asamblea. Son razones suficientes para garantizar la unidad y hacer a un lado las diferencias transitorias. Y eso lo veremos en los próximos días.

Lo mismo ocurrirá con el posicionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que determinó que las encuestas no son vinculantes ni determinantes para elegir candidato al GDF. Los próximos días 11 y 12 de febrero veremos a los consejeros de ese partido, y de los demás aliados del DIA,  elegir por mayoría, sino es que no por unanimidad, a Miguel Angel Mancera como su abanderado la contienda por la capital del país.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

La instalación de 77 parquímetros en 33 vialidades de Polanco puso en evidencia la necesidad de que la autoridad recupere no solo la seguridad en las calles de la ciudad, sino el simple control de las mismas, sobre todo en materia vial, que en no pocas colonias está en manos de “franeleros”, ambulantes y valet parking, o de vecinos y establecimientos comerciales.

Desde hace tiempo, el desorden y caos vial de Polanco, agudizado por el excesivo número de permisos para la apertura de restaurantes y antros que no cuentan con estacionamiento propio, demandaba una solución radical, integra. Parecían impedirlo los intereses particulares de los sectores en pugna, en particular  los  acomodadores de coches y ambulantes –muchos de ellos afiliados a corrientes perredistas– así como restauranteros y comerciantes, que querían imponer su criterio e  impedían crear un consenso mayoritario.

Se olvida que la calle es de todos, no territorio propiedad de algunos, pero la autoridad parecía omisa. Finalmente se decidió la instalación de los parquímetros, que comenzaron su operación a partir de esta semana. Los automovilistas deberán pagar una cuota de dos pesos por cada 15 minutos. Vino de inmediato la oposición de “franeleros”, de valet parking –que operan sin ninguna reglamentación–  e inclusive de estudiantes que acuden a una Universidad que funciona frente al Parque Polanco y que no cuenta con ningún cajón de estacionamiento. La autoridad decidió entonces dar un periodo de gracia de una semana para atender a los inconformes y permitir que los usuarios se acostumbren a la nueva disposición.

La verdad es  que pagar  ocho pesos por una hora en un parquímetro sale en mucho menos de la mitad que pagar estacionamiento con un valet parking. La medida, sin embargo, afectó a muchas otras personas que perdieron su única fuente de ingresos desde hace años, como son los acomodadores.  El problema ahí es que el gobierno capitalino no tiene opciones de empleo para ellos, lo que implica el riesgo de que se ocupen en las únicas dos actividades en las que se refugian desde hace tiempo los damnificados por el fracaso de la política laboral del Gobierno, es decir, quienes no tienen trabajo ni estudian: el comercio informal o la delincuencia.

Respecto a lograr el orden en las calles, a los parquímetros deberán seguir otras acciones, como el ordenamiento de rutas de transporte público, la revisión de sitios de taxis y la construcción de estacionamientos subterráneos, pero sobre todo, poner un alto a la proliferación de permisos a establecimientos que no cuenten con cajones propios de estacionamientos.

El desorden de las calles no es privativo de Polanco; afecta también a otras zonas de la capital, como la Condesa, la Roma, Santa Fé, Coyoacán, etc., que han registrado un gran crecimiento inmobiliario y demandan igualmente  medidas de reordenamiento urbano para la recuperación de las calles.

Los franeleros han salido a la calle a protestar y quienes trabajan en la zona se organizan para crear nuevos mecanismos de movilidad como compartir sus coches para llegar a Polanco. Mientras tanto, las autoridades delegacionales deberán acelerar la aplicación de su Plan de Movilidad Integral para dar solución a este tema, en quizá la zona más conflictiva en materia vial de la capital.

Urge aplicar una reingeniería de rutas, desarrollar un transporte local y mejorar el servicio de taxis, entre otras medidas.

De alguna forma, el éxito de las medidas de reordenación de Polanco podrían ser la base para  recuperar el control en las calles en otros rumbos de la ciudad, lo que sin duda será reconocido por automovilistas, peatones y vecinos, los más afectados por el caos vial imperante desde hace lustros.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

La Cámara de Diputados transgredió la Constitución hace 14 meses al no nombrar a tiempo a los tres consejeros del IFE, y ahora la violó de nuevo al designarlos, sin realizar la consulta pública  previa, como lo establece claramente la Carta Magna.

Por si fuera poco, los regulados pusieron al regulador. En un mecanismo de fast-track, los diputados eliminaron a los 14 finalistas que habían sido seleccionados con el sistema anterior, y se pusieron de acuerdo en tres personajes que no tuvieron que ir a la pasarela ni cubrir los requisitos legales establecidos para su selección.

Las tres principales fuerzas políticas del Congreso finalmente lograron llegar a un consenso para  nombrar a los  tres consejeros. La ventaja es que, no obstante no haberse ajustado plenamente al mandato constitucional,  seleccionaron a personajes que cuentan con una trayectoria académica y profesional en la que han predominado factores como  imparcialidad, honestidad y transparencia.

Sergio García Ramírez, sin duda propuesto por el PRI, ha sido procurador General de la República y juez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;  María Marván Laborde, ha tenido una destacada participación como comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, y aun cuando fue propuesta por el PAN, nunca ha militado en ese partido.  A su vez,  Lorenzo Córdova Vianello (hijo del perredista Arnaldo Córdova) es miembro destacado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Es evidente que el PRI cedió en su pretensión de imponer a dos de los tres consejeros restantes, con lo que se rompió el “impasse” que impedía desde hace más de un año completar el Consejo del IFE. A  las tres fuerzas políticas más importantes les urgía, sin embargo, designar a los consejeros, ya que estaban emplazados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacerlo en este periodo de sesiones, o convocar a uno extraordinario.

Desde hace tiempo, el  Consejo del IFE  ha quedado a deber mucho a los mexicanos, y se espera que ahora, ya totalmente integrado, cumpla con su responsabilidad de dar certeza y legalidad al proceso electoral que se avecina y que, todo indica, será el más disputado y controvertido de la historia reciente, por los indicios de una posible intervención o participación del Gobierno para inclinar la balanza en beneficio de su partido y sus candidatos.

El nombramiento de los nuevos consejeros tiene, además, que salvar el obstáculo que presentaría el hecho de que  alguno o varios de los candidatos seleccionados  con el anterior sistema, decida ampararse contra el acto deliberado de la Cámara de descartarlos, en violación a su derecho fundamental de poder ejercer un cargo público.

En este caso, confían los legisladores, cualquier juez podría desechar el amparo por considerar que el asunto es de materia electoral. Pero no se descarta que ello pueda ocurrir.

Mientras tanto, los mexicanos ya cuentan con un árbitro electoral completo. Esperemos que esté a la altura de las necesidades del país, y del complicado proceso electoral del año próximo.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

En política la percepción es más importante que la realidad. Y ello es aplicable en materia de seguridad pública, al contrastar los triunfalistas mensajes del gobierno sobre captura de delincuentes y decomiso de drogas, y el clima de inseguridad creciente que perciben los ciudadanos y que consta en el más reciente Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según este informe, por cuarto mes consecutivo, en noviembre pasado se registró una baja en el índice de percepción en materia de seguridad. El 60% de los encuestados consideró que el país está “peor” en seguridad que en el 2010, mientras que el 51% no ve esperanzas de mejoría y considera que su seguridad será “igual” en el 2012.

En contraste, el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, al concluir su periodo como  presidente de la CONAGO, informó que de julio a octubre de 2011, el índice delictivo descendió por primera vez en los últimos años, en un porcentaje del 2.6%, lo que atribuyó al esfuerzo de la Comisión de Seguridad  Nacional y de todas las entidades federativas del país.

Evidentemente hay una contradicción entre ambas cifras, explicable porque el informe de Ebrard está apoyado con datos y estadísticas de los gobiernos federal y estatales, mientras que el  INEGI refleja la  percepción que tienen los ciudadanos en las 32 entidades del país y que es lo que finalmente cuenta en materia de imagen y a la hora de estar frente a las urnas. 

Ebrard dijo en la CONAGO  que “si mantenemos el paso y el esfuerzo vamos claramente en la dirección correcta que es reducir la incidencia delictiva”. En la encuesta del  IPSP, sin embargo, no se percibe aun esa pequeña mejoría; por el contrario, los mexicanos se sienten más inseguros y no confían en que esa situación mejore, por lo menos en el próximo año.

Así consta en las respuestas a la pregunta de “¿Cómo considera usted que será su seguridad dentro de 12 meses, respecto a la actual?”  Un 50.92 %  de los encuestados contestó que igual, 27.26% que peor y 5.10% que mucho peor. Por otro lado, solo un 16.35% cree que será mejor.

La información del mismo Instituto señala que la caída en noviembre por cuarto mes  de manera consecutiva, se inició en agosto pasado cuando cayó a 98.8 puntos desde los 100.5 registrados un mes antes. Las cifras de septiembre  (97.7), octubre (97) y noviembre (96) muestran la continuidad de esa pendiente.

El grado de confianza del entrevistado al caminar solo por el rumbo donde vive, entre las 4 y las 7 de la tarde, tampoco mejoró en los últimos doce meses, lo que indica que los esfuerzos de las autoridades por darle mayor seguridad a la población, no obstante el elevado gasto en esa materia, está lejos de ser percibido por los ciudadanos.

Este desplome de la confianza ciudadana en las políticas de seguridad del Estado no parece preocupar en lo más mínimo a las autoridades que insisten en afirmar que van por el camino correcto y que mantendrán la misma estrategia. Así será, a menos que el electorado envíe un mensaje distinto en las elecciones de julio próximo.  

*Analista

Raúl Torres Barrón*

El presidente Calderón concluyó ayer su quinto y penúltimo año de gobierno en medio de fuertes críticas a su actuación y con una merma considerable del apoyo de la opinión pública nacional: sólo un 61 por ciento de ciudadanos piensa que el país va por el rumbo correcto, según diversas encuestas dadas a conocer ayer mismo.

El Ejecutivo se enfrenta, asimismo, con el histórico inicio del debilitamiento del ejercicio de su poder, al irrumpir los nuevos actores de la escena política, es decir, los precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República, que durante los próximos meses centrarán la atención de los medios de comunicación, al representar la esperanza de cambios en la economía, la seguridad y el futuro del país.

El síndrome del sexto año de gobierno, con su cauda de nerviosismo y desesperación, parece apoderarse rápidamente del ánimo gubernamental. No se explica de otra manera la desproporcionada respuesta contra los más de 23 mil mexicanos que se atrevieron a demandar al Ejecutivo ante la Corte Penal Internacional por delitos de “lesa humanidad”.

En vez de esperar que el máximo tribunal emitiera su dictamen, que seguramente será negativo ya que es un despropósito la acusación de “crímenes de guerra”, la Presidencia de la República se precipitó a emitir un comunicado en el que por supuesto calificó como “falsas”, y “calumniosas” las acusaciones, pero lanzó una velada amenaza contra los firmantes al afirmar que “explora todas las alternativas para proceder legalmente”.

Esta denuncia seguramente no habría tenido mayores repercusiones, ni aquí ni en La Haya, ya que no se puede afirmar que en México exista una política intencional de exterminio. Tampoco, con todos los errores de su combate contra el narcotráfico, se puede afirmar que Calderón es un genocida o compararlo con los sanguinarios dictadores y tiranos como el recien derrocado y asesinado Kaddafi, o Slobodan Milosevic, que emprendió una limpieza étnica en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, la respuesta de Los Pinos fue tan poco afortunada que les dio armas a los demandantes para acusar al gobierno de autoritario y de pretender meterlos a la cárcel.

El lunes vimos otro acto de imprudencia política, con la presencia de los dos principales colaboradores del Presidente, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y su particular, Roberto Gil, en una reunión-comida con la cúpula panista, en el que se acordó una estrategia contra el PRI, en un intento por revertir la desventaja del blanquiazul  frente al 2012. Si los panistas no están desesperados, es evidente que falta tacto, sentido común y oficio político en los reponsables de la política interior y la seguridad pública del gobierno, que deberían tener una conducta imparcial ante los comicios que se avecinan. 

El Estado debe ser más institucional y menos parcial y amenazante. Y en el caso concreto de la lucha contra el crímen, debería preocuparse más por la violación de los derechos humanos, por ser un problema real que amerita ser investigado y aclarado, antes de que concluya el régimen, ya que podría ser uno de los temas por los que podría ser acusado el actual Ejecutivo después de su mandato.

Lo peor que le podría ocurrir al país, en año de elecciones, es reeditar la polarización que se creó en el sexenio de Fox y que llevó a México a vivir unas elecciones controvertidas que obligaron al nuevo régimen a tomar decisiones precipitadas, para intentar legitimarse, como fue la guerra, lucha o como se le quiera llamar al combate al narcotráfico, cuyo caudal de muertos, terror y víctimas inocentes mantienen en la zozobra a millones de mexicanos.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

Si Manlio Fabio Beltrones hubiera encabezado las encuestas de su partido jamás habría declinado a contender por la candidatura a la Presidencia de la República. Igualmente,  si María Luisa Calderón hubiera ganado la gubernatura de Michoacán, nunca habría pedido que se anularan las elecciones por una supuesta intervención del narcotráfico. Son hechos incontrovertibles que,  sin embargo, quieren ser presentados con otro disfraz.

Todo mundo sabía que el sonorense no llegaría a la final contra Enrique Peña Nieto. No tenía ninguna posibilidad. La última encuesta de Mitofsky le daba cerca de un 4 por ciento de las preferencias, contra más de 40% del mexiquense. La duda era en que momento se bajaría, si se registraba y luego negociaba para bajarse, o si de plano no competía para no dañar su carrera política. Decidió esto último.

En cuanto a la “Cocoa”, la noche de las elecciones proclamó con alegría su triunfo rodeada de los aspirantes de su partido, Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel y del líder panista Gustavo Madero. En ese momento, cuando sus encuestas “patito” le daban el triunfo, nunca mencionó la injerencia del narcotráfico.  Pocas horas después  despertó a la realidad. Cuando el PREP le dio el triunfo al priísta Fausto Vallejo pidió, primero, como el adversario de su hermano 5 años años antes  –López Obrador– contar “voto por voto y casilla por casilla”. Cuando esta maniobra no le funcionó, ya que el resultado fueron más votos al PRI, entonces denunció que el crimen organizado había controlado el proceso electoral.

En Michoacán salieron a votar un millón 800 electores, poco más del 54% del padrón. La jornada fue tranquila, sin incidentes. Si ello fue organizado por los delincuentes, habría que reconocerles una gran capacidad de convocatoria y de organización.

Cuando arreciaron las críticas a la “Cocoa” y le exigieron presentar pruebas de sus dichos, “sorpresivamente” fue filtrado  un audio  en el que se escucha al supuesto jefe de plaza de  “La Familia” en un alejado municipio, Tuzantla, dar instrucciones para votar por el PRI, ya que el candidato del PRD, según la grabación, se habría “vendido” a los “Caballeros Templarios”.  El candidato del PRD al gobierno del estado, Silvano Aureoles, rechazó esa afirmación y responsabilizó al gobierno federal de la filtración.  La pregunta que surge es porque si el gobierno es capaz de grabar a los narcos y filtrar sus conversaciones, no  los detiene?

Otra cuestión es por qué solo se ventilan esas denuncias en los medios y no en los tribunales, o  por qué no se investigó  el despliegue de recursos del gobierno federal en apoyo a la “Cocoa” y a los candidatos del PAN.

En una entrevista con Carlos Loret de Mola, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré aceptó que el crímen organizado intervino en Michoacán. Sin embargo, no pudo contestar la pregunta: “¿No es un fracaso del presidente Calderón que haya una “narcoelección” en el Estado donde empezó su lucha contra el crímen organizado?”. Poiré se limitó a responder que “hay que ser muy cuidadosos en cómo nos referimos a los hechos”, y afirmó que “en algunas localidades, hay disminución de los delitos”.

Para su desgracia, ayer mismo Consulta Mitofsky dio a conocer la “Novena encuesta nacional sobre la percepción de inseguridad ciudadana en México”, realizada conjuntamente con México Unido contra la Delincuencia. El resultado es demoledor: “solo un 14 por ciento de los ciudadanos cree que el gobierno logrará ganar la guerra en contra del crimen organizado”.

La encuesta también arrojó otro resultado: 8 de cada 10 mexicanos consideran que la seguridad es peor que hace un año, mientras que tres de cada 10 afirma que ellos o un familiar han sido víctimas de algún delito en los últimos tres meses.

Hace unas semanas, otra encuesta de la misma Mitofsky reveló que más del 60 por ciento de los mexicanos quiere un cambio, un resultado similar al que arrojó una encuesta realizada en el 2000, cuando el PRI gobernaba. Cuando ese volumen de ciudadanos quiere un cambio de rumbo, de régimen, quiere decir que el partido en el poder está perdido. Pero parece que nadie en el gobierno federal quiere ver esa realidad. Esperan que en julio del año próximo –como lo esperaba el PRI hace once años— haya un milagro. Allá ellos.

*Analista

Raúl Torres Barrón*

Después de seis años de hacer campaña por todo el país, de recorrer municipio por municipio, ejido tras ejido y casi todas las zonas indígenas, no fue una sorpresa que Andrés Manuel López Obrador ganara la candidatura de los partidos de izquierda a la Presidencia de la República. Lo que si fue sorpresivo es que lo lograra en un ambiente de civilidad, sin fisuras ni deserciones y que en vez de dividir a la izquierda, como muchos esperaban, lograra un pacto de unidad.

De paso, AMLO y Ebrard lograron eclipsar el revés sufrido en las elecciones de Michoacán, en las que el candidato perredista Silvano Aureoles cayó hasta el tercer lugar, luego de dos sexenios de predominio del PRD en esa entidad.

Para un partido acostumbrado a hacer un “cochinero” en cada elección  interna, el  triunfo de López Obrador contribuirá sin duda a lavarle la cara al perredismo y consolidar una corriente política de izquierda que podrá polarizar la competencia por la Presidencia de la República, con el hasta ahora puntero de los aspirantes, el ex gobernador Enrique Peña Nieto.

En este sentido, el PAN está en absoluta desventaja. Mientras que López Obrador no ha dejado de hacer campaña desde que perdió la Presidencia en el 2006 y Peña Nieto ocupa la atención de los medios desde que asumió la gubernatura mexiquense, los aspirantes panistas Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel parecen entretenidos en una contienda sin emoción ni sustancia, que no despierta ningún interés en la población. Recorren el país en pos de una candidatura que, cuando esté lista hasta febrero del próximo año, ya no tendrá ningun valor, salvo para el voto duro panista.

Sin embargo, el PRD parece que aprendió rápido. Tras el descalabro de Michoacán, muchos presagiaban una caída libre de la izquierda con vistas al 2012, pero se impuso el pragmatismo de AMLO y Ebrard, que seguramente adquirieron a su paso por el PRI, en el que ambos militaron y ocuparon cargos directivos.

Ello quedó muy claro en el discurso que pronunció AMLO cuando dijo: “voy a apoyar la decisión política del jefe de Gobierno para gobernar la ciudad de México”, lo que quiere decir que hubo un pacto y Ebrard tendrá mano para designar a su sucesor, a cambio de aceptar el triunfo del tabasqueño como candidato a la Presidencia. De esta forma, Marcelo podrá escoger a su delfín, Mario Delgado, o a su opción B, que todo parece indicar es el Procurador Miguel Angel Mancera.

La noticia del triunfo del “Peje” llegó hasta Estados Unidos y tuvo una amplia cobertura, inclusive en cadenas de televisión como Fox News, que es muy conservadora. Los medios norteamericanos recordaron que AMLO visitó ese país el mes pasado, por primera vez en 20 años, y les dejó un mensaje mucho más moderado, con una visión más constructiva para la relación bilateral.  Nadie olvida que casi ganó la elección del 2006 y por ello creen que puede presentar una opción fuerte frente al PRI, al representar a toda la izquierda del país.

Hay quienes desde hace tiempo daban por “muerto” al “Peje”. Olvidaron los sabios consejos de los viejos políticos que siempre decían: “Un verdadero político está muerto hasta que está tres metros bajo tierra”.  No fue resurrección. AMLO siempre estuvo ahí. Solo hay que ver los spots del PT y Convergencia y darle una revisada a la prensa de provincia para saber que nunca se fue. 

*Analista