Miguel Tirado Rasso*

Ciertamente el post debate ha resultado más dinámico e interesante que el propio encuentro entre los cuatro candidatos en el que, por primera vez, desde el inicio de la precampaña, se encontraron frente a frente. Como se ha comentado, la expectativa de que el primer debate marcara una reorientación en el sentido de las preferencias electorales, basada en la actuación fallida que tendría Enrique Peña Nieto en dicho acto, según el vaticinio de sus contrincantes, se desinfló cuando el priísta resolvió, sin mayor problema, esta etapa del proceso. Para propios y extraños, el mexiquense salió bien librado.

La estrategia de Josefina Vázquez Mota y de Andrés Manuel López Obrador para este primer debate, coincidió en la intención de tratar de descalificar al candidato tricolor con acusaciones que, por haber sido ya materia de múltiples aclaraciones, en otros tiempos, resultaron  meros tiros de salva, por lo repetitivo y la falta de originalidad. Ninguna novedad, y lo que se había anunciado como una bomba que estallaría afectando el posicionamiento del puntero en las encuestas, se cebó.

El sospechosismo, que en momentos ensombrece este proceso, ha dado pie a diversas hipótesis sobre supuestas estrategias secretas, cuando, al día de hoy, faltan  únicamente cinco semanas de campaña. Especulaciones derivadas de algunos hechos y comportamiento de los candidatos:

Que si la provocativa participación de la edecán tenía el oscuro  propósito de desviar la atención del debate, como estrategia para ocuparse más en un escote, que preocuparse por el contenido de las exposiciones de los candidatos. Que si más bien se trató de ponerle una trampa al candidato tricolor, en la que, por cierto, no cayó, difundiendo su fotografía en las redes sociales con la mirada clavada en los atributos de la edecán, como fue el caso de la foto puesta en circulación de Gabriel Quadri.

Que si la candidata del PAN y el candidato del Movimiento Progresista se  pusieron de acuerdo para concentrar los ataques en contra del priísta, con el ánimo de hacerlo caer del lugar preferente que sigue ocupando. Sobre ésta, al menos, quedó la duda, cuando ambos candidatos enfocaron todas sus baterías en contra de Peña Nieto, evitando el enfrentamiento entre ellos. Josefina Vázquez Mota, haciendo a un lado los agravios que pudo haberle reclamado a López Obrador por la campaña de denostación que, a nivel nacional, llevara a cabo el candidato de las izquierdas en contra del Presidente Calderón, y aquél renunciando a echarle en cara a la candidata blanquiazul alguna de las innumerables críticas que durante los últimos cinco años formuló a la administración calderonista.

Que si este entendimiento para impedir, a como de lugar, el triunfo del abanderado tricolor, podría llegar hasta sumar esfuerzos de estos dos partidos, otrora antagónicos, en una concertacesión que dejaría un solo contrincante para enfrentar a Peña Nieto (la candidatura de Quadri es testimonial). Esto, claro está, en caso de que López Obrador desbancara a la jefa Vázquez Mota del segundo lugar, y la posición de la panista se desfondara en las encuestas.

Por lo pronto, todos los candidatos se declararon triunfadores del debate, algunos con más énfasis que otros. Faltaba entonces ganar el post debate, tarea compartida entre los candidatos y sus equipos de campaña. En eso ocuparon su tiempo toda la semana pasada, porque después vendrían las encuestas que habrían de reflejar la realidad sobre este encuentro, al mostrar sus efectos en la opinión de los electores.

Y bueno, resulta que el debatido debate no arrojó los grandes cambios que algunos suponían; y la esperanza de que la distancia entre los tres fuera cada vez más corta, se esfumó. Por lo pronto, el candidato tricolor se mantiene a la cabeza de las preferencias electorales conservando una cómoda ventaja. Según las encuestas de Milenio-GEA/ISA, BGC-Excélsior y Consulta Mitofsky, Enrique Peña Nieto alcanza 45 puntos, puntuación en la que coinciden las dos primeras encuestadoras, aunque Mitofsky le da 48 puntos.

El segundo lugar está cada vez más competido. Según la encuesta que publica Excélsior, López Obrador empata a Josefina Vázquez Mota con 26 puntos. En esto si difieren las otras dos casas encuestadoras, aunque la diferencia entre uno y otro candidato es mínima, si atendemos al margen de error. Milenio le da 25.3 puntos a la candidata de Acción Nacional contra 23.6 de AMLO, y Mitofsky abre un poco más la diferencia, 25.3 contra 23.6, respectivamente.

Gabriel Quadri tiene diferentes mediciones, Milenio le da 6 puntos, Excélsior tres y Mitofsky dos. Pareciera que este candidato ya superó el mínimo que requiere para conservarle el registro al partido que lo postula. A partir de esto, todo lo que sume es ganancia.

En este contexto y cuando nos encontramos a la mitad de la campaña, desapareció la república amorosa. Poco duró el encanto, y es que genio y figura…

El candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, nos tenía acostumbrados a un discurso de descalificaciones de todo y de todos aquellos que no compartieran sus ideas. Así fue, durante los últimos cinco años, expresando, a lo largo y ancho del país, su inconformidad con el resultado de la elección presidencial de 2006, desconociendo el triunfo del presidente Felipe Calderón y alegando la comisión de un gran fraude electoral.

Un complot orquestado en su contra por la mafia del poder para robarle una elección que, según su afirmación, él había ganado, fue la denuncia que llevó como punto central de su discurso durante su muy anticipada y larga campaña de retorno.

Pero todo cambió cuando inició el proceso electoral. Andrés Manuel pasó del odio al amor, y evitó las descalificaciones a sus adversarios, hasta que se percató de que esa estrategia no le iba a redituar el repunte necesario en las preferencias, ante el reducido tiempo de campaña, y recuperó su estilo. Ahora tenemos al candidato de hace seis años con el mismo discurso, las mismas denuncias y las quejas de entonces. Los de arriba, los que mandan, el pueblo bueno, el cerco informativo, la mafia del poder, el innombrable, etc. Tal vez volver al pasado no sea lo más conveniente para sumar nuevos adeptos, pero quizás él se sienta mejor y más a gusto, manejando su vieja estrategia.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

Hace unas semanas nos sorprendió la noticia del fallecimiento del Doctor Jorge Carpizo McGregor, distinguido universitario, notable investigador y respetado funcionario público. Estudioso del derecho, él dejó una importante obra, fruto de su dedicación a la investigación sobre el derecho constitucional.

Sin haber sido militante de algún partido político, este personaje ocupó  posiciones de la más alta responsabilidad en la administración pública, en donde se le reconoció por su profesionalismo, congruencia y honestidad intelectual. Nunca se alejó demasiado de su querida Universidad, en donde se inició como profesor en la Facultad de Derecho y como miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas,  del que más tarde habría de ser su director.

Carpizo ocupó la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1985 a 1989, durante cuya gestión propuso una reforma para esa institución, a partir de un profundo diagnóstico, “Fortaleza y Debilidad de la UNAM”, que mostraba la delicada situación en que se encontraba nuestra máxima casa de estudios y en el que planteaba la necesidad de cambios para solucionar sus problemas.

El proyecto de reforma movió fibras sensibles y, más pronto que tarde el tema se politizó, surgiendo un movimiento de rechazo a cualquier cambio. Fueron los tiempos en que nació el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que promovió la huelga en 1987, la que, como otras tantas, sólo causó daños a la vida académica de la institución y un grave deterioro en su imagen pública.

El movimiento logró su cometido y así se impidió, una vez más, fortalecer a esa casa de estudios.  Posteriormente, otro rector, el Doctor Francisco Barnés de Castro, intentaría de nueva cuenta promover reformas para la UNAM, con nulos resultados. Una costosísima y muy larga huelga habría sido la respuesta de los grupos enemigos al cambio, la que sólo pudo concluir con la sustitución del rector.

En otros cargos, Jorge Carpizo demostró también ser firme defensor de sus convicciones. Como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como primer Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como Procurador General de la República y como Secretario de Gobernación. Durante este último cargo, le tocó conducir el proceso electoral de 1994, en un difícil ambiente político derivado del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de los asesinatos del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y del ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu.

Como Procurador sostuvo agrias discusiones con personajes de la iglesia católica en relación al homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993, en virtud de profundos diferendos en cuanto a la consideración de los móviles de este crimen. Pasados los años, el ahora ex arzobispo de Guadalajara, cardenal Juan Sandoval Íñiguez, revivía con cierta frecuencia su inconformidad sobre los resultados de la investigación de este caso, insistiendo en su teoría del complot. A la inquietud del prelado siempre hubo una puntual respuesta de Carpizo, refutando sus argumentos y defendiendo la tesis sustentada en la investigación ministerial.

Liberal, defensor del estado laico, la muerte de Jorge Carpizo representa sin duda una gran pérdida para el país.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

En la jornada electoral que nos ocupa, se elegirán presidente de la República, 500 diputados federales (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional), 128 senadores (64 de mayoría, 32 por el principio de primera minoría y 32 plurinominales), seis gobernadores y un Jefe de Gobierno, y diputados locales, alcaldes y jefes delegacionales en 15 entidades federativas.

Éste será el proceso con mayor número de cargos de elección popular en disputa, 2,124, como consecuencia de la reforma planteada para empatar las fechas de las elecciones locales con las federales. Proceso que avanza con el ajuste de los calendarios electorales de los estados.

Siete partidos políticos participan en estos comicios: PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y PANAL. Unos por su cuenta y otros a través de  alianzas, total o parciales. Es el caso de los tres partidos de izquierda que formaron la Coalición Movimiento Progresista, y del tricolor, que junto con el Verde Ecologista, integran la alianza Compromiso por México. Los otros dos partidos, Acción Nacional y Nueva Alianza, participan solos, al menos en el caso de los candidatos presidenciales.

Aunque ya en el pasado ha habido candidatas para contender por la Presidencia de la República, esta es la primera ocasión que una de las tres fuerzas políticas más importantes del país postula a una mujer para ese cargo, con el agregado de que esa fuerza política representa al partido en el poder.

Durante los tiempos de campaña, los partidos políticos tienen como prerrogativa, en conjunto, 41 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión, para la transmisión de sus mensajes, mientras que las autoridades electorales cuentan con 7 minutos. Esto se traduce en la transmisión de 19 millones de spots durante los noventa días de campaña. La distribución de los tiempos de radio y televisión, convertidos a número de mensajes, se hace de acuerdo al criterio indicado en el artículo 56 del COFIPE. Este precepto señala que el 30 por ciento del total se repartirá en forma igualitaria y el 70 por ciento por ciento restante, en proporción al porcentaje de votos obtenidos por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior, en el caso, la de 2009.

Esto explica la razón por la que los mensajes del PRI se escuchan con mayor frecuencia, pues en la elección federal de 2009 este partido obtuvo una copiosa votación, lo que le da derecho ahora a disponer de mayores tiempos en medios electrónicos, a diferencia del partido del Sol Azteca y sus aliados, que en aquellos comicios sufrieron un desplome electoral que los relegó, como fuerza política, hasta un tercer lugar. Ahora padecen las consecuencias de aquella baja votación.

Durante el período de la campaña, se realiza un monitoreo a 493 noticieros de radio y televisión en todo el país. La verificación está a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través de 200 estudiantes, y los resultados se publican semanalmente en la página de internet del IFE.

El padrón electoral de referencia para esta elección asciende a 84 millones 672 mil ciudadanos. La lista nominal es de 79 millones 571 mil ciudadanos con credencial para votar. En los últimos tres años y medio, el IFE logró la sustitución de 16.5 millones de credenciales “03”.

Diez estados de la República concentran el 60 por ciento del total de electores, con 47.9 millones de ciudadanos. La joya de la corona, por ser el de la lista nominal más alta, es el estado de México, con 10.3 millones, de potenciales electores. Le siguen el Distrito Federal, con 7.2 millones, Veracruz con 5.3 millones, Jalisco con 5.2 millones, Puebla con 3.9 millones, Guanajuato con 3.8 millones, Nuevo León con 3.3 millones, Michoacán con 3.1 millones, Chiapas con 3 millones y Oaxaca con 2.5 millones de posibles votantes.

El análisis de la distribución del poder en estas 10 entidades resulta interesante, pues muestra un buen equilibrio. Y es que el gobierno de estos estados está repartido casi de manera equitativa entre los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD. En efecto, cuatro están bajo los colores del revolucionario institucional (Edo. de México, Veracruz, Michoacán y Nuevo León), cinco están gobernados por Acción Nacional (Jalisco y Guanajuato, y en coalición con el PRD, Chiapas, Puebla y Oaxaca) y cuatro por el PRD (el Distrito Federal, y en coalición con el PAN, Chiapas, Puebla y Oaxaca).

Aquí la salvedad está en que tres casos tienen gobiernos de coalición, o al menos ésta se dio como alianza electoral. En la práctica parecería que en Chiapas y Puebla, los gobernadores se inclinan más por el PAN, mientras que el de Oaxaca por su militancia en el Movimiento Ciudadano, antes Partido Convergencia, estaría más cercano al PRD.

Hasta aquí, algunos datos de interés sobre el proceso electoral en curso.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

Largo ha sido el camino recorrido en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. Avance lento, porque se trata de modificar estructuras mentales para generar una nueva cultura de igualdad entre hombres y mujeres en terrenos en los que, histórica y tradicionalmente, la figura predominante ha sido el llamado sexo fuerte. Y esto no es algo sencillo de cambiar.

En 1953, en el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se decretó el derecho al voto de las mujeres, lo que les confería el reconocimiento como sujetos de derechos políticos. De entonces a la fecha, en casi seis décadas su participación en la política ha sido más bien discreta.

Para el máximo puesto de elección popular, la Presidencia de la República, cinco mujeres han sido registradas como candidatas a lo largo de la historia del país. En 1982, Rosario Ibarra fue postulada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1994 contendieron, Cecilia Soto por el Partido del Trabajo y Marcela Lombardo por el Partido Popular Socialista. En 2006, el Partido Social Demócrata y Campesino postuló a Patricia Mercado, y actualmente hace campaña Josefina Vázquez Mota, como abanderada del Partido Acción Nacional.

Por lo que toca a los gobiernos estatales, sólo seis mujeres han ocupado el cargo de titulares del ejecutivo. La pionera fue doña Griselda Álvarez, electa para gobernar el estado de Colima, en tiempos de la presidencia de José López Portillo. Los otros estados gobernados por mujeres han sido Tlaxcala, Yucatán, en dos ocasiones, y Zacatecas. Además de que, por un corto período, la capital de la República fue gobernada también por una mujer, Rosario Robles.

Con la conclusión del mandato de la priísta Ivonne Ortega al frente del gobierno de Yucatán, a finales de este año, nuestra geografía política se quedará sin ninguna figura femenina al mando de un gobierno estatal. Al menos por un buen rato, porque quienes aspiraron a una gubernatura y a la jefatura del gobierno del DF para las elecciones del primero de julio próximo, se quedaron en el camino.

En el Congreso, la presencia de la mujer ha sido mayor, aunque no lo suficiente. Para superar los obstáculos que limitan su participación se establecieron las cuotas de género, sugeridas en un principio, y como una obligación, después. A partir de la reforma de 2007, la legislación electoral impuso a los partidos políticos la obligación de presentar, tanto como candidatas a la Cámara de Diputados, como al Senado, al menos un cuarenta por ciento de mujeres.

Aun así, hubo partidos que encontraron la manera de evadir esta obligación, y surgieron las llamadas “Juanitas”. La trampa consistía en postular como candidata propietaria a una mujer y colocarle de suplente a un hombre, que era quien les interesaba que ocupara la curul. La propietaria asumía el cargo, sólo para solicitar licencia de inmediato y ser sustituida por su suplente.

Esta argucia burlona llevó al legislador a ser más preciso y establecer que para la cuota mínima del 40 por ciento, propietario y suplente deberían ser del mismo género, en este caso femenino. Pero como suele suceder, las mejores intenciones convertidas en medidas correctivas para evitar abusos, no siempre logran su cometido y llegan a generar consecuencias incómodas.

La reforma en comento se aplicó por primera vez en el proceso electoral actual, generando un problema para los partidos que, suponemos, esperaban poder librarse, una vez más, de esta obligación, así que no se prepararon para cumplir con la cuota de género.

Una sentencia del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación habría de confirmarles la obligatoriedad de la norma sin posibilidades de excepción, precisando las proporciones: al menos 120 candidatas a diputadas y 26 al senado, y aquí es donde los buenos propósitos dieron lugar a situaciones no deseadas. Para ajustar la cuota, los partidos intercambiaron hombres por mujeres, hasta llegar a la proporción del 60-40, en decisiones arbitrarias y apresuradas de sus dirigencias. El término para cumplir se agotaba. Sin el menor apego a sus estatutos ni respeto a formas democráticas, simplemente eliminaron a unos para poner a otras. Y claro está, con este manejo, para respetar el derecho de unas, se violaron los derechos de otros.

Como la norma se cumplió, sin mucha reflexión, el problema subsiste. Se sabe de casos decididos a impugnar, ante la autoridad electoral, las decisiones de sus partidos al considerar que se afectaron sus derechos, sobre todo cuando el removido habría ganado su candidatura a través de un proceso democrático de selección interna.

Esperemos que para el próximo proceso electoral los partidos asuman con mayor responsabilidad el caso de las cuotas de género, y lleven a cabo los pasos necesarios para contar, con oportunidad, con los elementos femeninos suficientes que les permitan cubrir las proporciones que fija la ley. Sólo así se evitarán absurdos arbitrarios e injustos, como lo acontecido en esta ocasión, que desvirtúan los buenos propósitos de la norma.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

El candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lucha por mejorar su posicionamiento en las preferencias electorales. Desde que se definieron los candidatos de los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, las encuestas han mostrado al candidato de las izquierdas en una tercera posición, por debajo de Josefina Vázquez Mota, la candidata del blanquiazul, con una diferencia que, si bien es cierto, ha venido reduciendo.

Lo anterior, a pesar de que López Obrador lo ha intentado prácticamente todo. En un principio, desde que surgió como candidato de unidad del partido del sol azteca, decidió dar a conocer, a cuenta gotas, los nombres de los personajes que habrían de integrar su gabinete, en caso de llegar a triunfar en las elecciones. Una novedosa estrategia, con la que pretendía reforzar su aspiración mostrando, con mucha anticipación, demasiada quizás, un equipo de trabajo conformado por distinguidos profesionistas, como garantía de un buen ejercicio de gobierno. La estrategia no tuvo los resultados esperados. Los nombramientos anticipados no lograron motivar a los encuestados, al menos no lo reflejaron en sus opiniones.

Pero sin duda la estrategia más audaz intentada por este candidato, y que tiene intrigado a más de un ciudadano, es la del cambio de discurso, que ciertamente significa una transformación de su personalidad, al menos de la que le conocíamos, hace ya más de 11 años, cuando ocupaba la Jefatura de Gobierno del DF.

El López Obrador de la campaña de 2006 era otro del que ahora ofrece su mano franca. Pero no sólo el de entonces, pues a lo largo de los últimos cinco años, y hasta antes de que iniciara el proceso electoral actual, el candidato de las izquierdas estaba muy lejos de la república del amor, ya que andaba muy ocupado recorriendo todo el país, en largas e incansables giras, llevando un discurso crítico, agresivo y descalificador en contra del gobierno, del titular del ejecutivo, al que no dejaba de llamar espurio y pelele, de los empresarios, de los medios de comunicación y de todo aquél que no comulgara con sus ideas.

Supongo que a estas alturas, el político tabasqueño estará arrepentido de sus excesos, que no fueron pocos, y que difícilmente podrían olvidarse en unos meses de campaña con la prédica de la reconciliación y el perdón.

Quizás uno de los errores que más está pesando en su contra sea el plantón de Reforma, en la capital del país. Una acción que fue más allá de una simple manifestación para afectar la libertad de tránsito, al convertirse en un verdadero desastre económico y laboral para comercios, oficinas, restaurantes y hoteles de la zona, que muchos tuvieron que cerrar, dejando gente en el desempleo.

El plantón logró su cometido de gran impacto, lo que permitió que se conociera, en todo el país y en algunos lugares del extranjero, la inconformidad del candidato perdidoso y su rechazo al resultado de la elección presidencial. Pero lo que entonces constituyó una conveniente difusión para su causa, resulta que ahora opera en contra de sus propósitos de campaña electoral, pues una gran sector de la población que no estuvo de acuerdo con ese plantón y desaprobaron su actitud, lo recuerdan todavía y les resulta difícil aceptar ese repentino cambio del odio al amor.

La popularidad de AMLO sufrió un considerable desgaste, que el propio personaje se encargó de alimentar, a lo largo y ancho del país, con su insistente denuncia de un fraude electoral no documentado y un permanente discurso de descalificación personal al presidente Felipe Calderón. Y en esto no especulamos. Después de estar en campaña durante casi seis años, y tras haber logrado una muy elevada votación en 2006, el desplome en las encuestas que lo mantienen en tercer lugar sólo se entiende por el rechazo a sus errores de actitud y estrategia.

Quizás esto explique lo de la república del amor. Y bueno, si así fuera, estaríamos hablando, más que de la conversión del político en un buen samaritano, de una simple estrategia de control de daños, urgente y necesaria, ante la evidente pérdida de popularidad.

Y es que, tanto repentino amor, reconciliación, perdón y mano franca como mensaje central de campaña, no deja de ser “sospechosista”.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

Iniciaron las campañas electorales y con ellas la última etapa del proceso para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como la elección para gobernador en seis entidades federativas: Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán, y para el Jefe de Gobierno,  Asamblea de Representantes y  jefes delegacionales en el Distrito Federal. Asimismo, en la misma fecha se celebrarán comicios para elegir diputados locales y presidentes municipales en 14 entidades de la federación además de los seis estados ya  mencionados, en Campeche, Colima, estado de México, Guerrero, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

Una magna jornada electoral, numerosa y compleja en la que, por si algo le hiciera falta, se aplican las reformas promovidas a partir de la inconformidad, dudas, reclamos y alegatos en contra de la elección presidencial más impugnada del México moderno, como fue la de 2006. Con buenos propósitos, suponemos, los legisladores habrían aprobado en 2007 las modificaciones que consideraban necesarias para darle bases de mayor equidad al proceso electoral, y corregir lo que consideraron errores u omisiones de la ley anterior. En pocas palabras, se trataba de dejar un piso parejo para todos los contendientes.

Pero las reformas a partir de rencillas no dan buenos frutos, y en un afán de prever toda contingencia, la ley modificada incurrió en excesos que de alguna manera han dificultado, lejos de facilitar, el buen curso del proceso electoral actual. Hasta la fecha los obstáculos se han podido sortear sin mayores problemas, no obstante la prueba de fuego, para la ley y para las autoridades electorales, todavía está por venir, lo que esperamos, por el bien de la estabilidad del país y de nuestra democracia, cumplan su objetivo y lleven a puerto seguro esta elección.

El padrón electoral actual ronda sobre los 84.6 millones de electores, siendo la lista nominal de poco más de 79.2 millones de ciudadanos. La diferencia entre uno y otro registro es que mientras el  padrón concentra la información de todos los ciudadanos que solicitaron su inscripción para obtener su credencial para votar, independientemente si concluyeron o no el trámite, la lista nominal contiene exclusivamente la relación de ciudadanos que cuentan con credencial de elector vigente. Los números anotados todavía merecerán un ajuste en virtud de que, apenas el pasado 31 de marzo, venció el plazo para la entrega de credenciales.

Según cálculos del IFE, sobre 3 millones de credenciales con terminación 03 no se remplazaron por corresponder a empadronados residentes en el extranjero, fallecidos y duplicados, por lo que deberán ser dados de baja del padrón electoral. A pesar de esto, la lista muestra un incremento de casi ocho millones de electores con respecto a la de 2006, cuando el índice de votación fue del 58.55 por ciento. Si para la elección del próximo primero de julio consideramos una participación ciudadana sobre el 60 por ciento, estaríamos hablando de 47.5 millones de votantes.

En base a estos números, y conforme a lo datos que han arrojado las últimas encuestas sobre el porcentaje de electores indecisos que en algunas encuestas ha llegado hasta un 34 por ciento, estaríamos calculando sobre catorce millones el número de ciudadanos que no han definido a favor de quien emitirán su voto. Ciertamente un número muy elevado que puede inclinar la balanza en cualquier sentido.

En el arranque de las campañas, según la encuesta Milenio-GEA/ISA las preferencias electorales, descontando el voto de los indecisos, mantenían en primer lugar al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, con 30.9 por ciento, mientras que la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, se ubicaba en el segundo lugar con 21.7 por ciento. En tercer lugar, con 13.2 por ciento, estaba el candidato de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, y en cuarto lugar el candidato del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri que arrancó con un 0.2 por ciento. Según esta misma casa encuestadora, al día de hoy, los números han variado. El priísta, el candidato de las izquierdas y Quadri aumentaron su puntuación en 4 puntos, uno punto siete y punto 7, respectivamente. Josefina Vázquez Mota muestra una baja de poco más de un punto, y en el caso de los indecisos, la baja es de cinco puntos.

La estrategia de los candidatos debe estar enfocada a obtener el voto del sector de los indecisos. Para esto cuentan con 75 días efectivos, si consideramos que el impacto de las campañas electorales se verá muy disminuido en estas dos semanas. Es predecible que el candidato de las izquierdas sea quien pueda mostrar un mayor repunte en su posicionamiento, atendiendo a los techos históricos logrados por la izquierda. En los casos de los candidatos del PRI y del PAN su posición representa un reflejo más cercano, aunque más optimista, al voto duro de sus partidos.

De acuerdo a lo anterior, la apuesta no será tanto por el número de votos que se quiten, uno a otro, entre candidatos, sino que la disputa será por los votos de los indecisos, a los que los candidatos presidenciales tendrán que convencer con propuestas, ideas y programas,  más que con críticas y descalificaciones.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

Estamos ya en los últimos días de la “intercampaña”,  ese fase sui generis del proceso electoral que, conforme a lo ordenado por el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE), suponía la suspensión de todo acto proselitista de campaña por parte de los candidatos a la Presidencia de la República, justo cuando tres de los contendientes definidos, el cuarto se incorporaría un poco después, se encontraban en plenos ejercicios de calentamiento, lo que representaba un alto riesgo de enfriamiento, particularmente para quienes aparecían menos favorecidos en las encuestas.

Ante esta circunstancia, y buscando sacar el mayor provecho al tiempo disponible, los aspirantes presidenciales buscaron la manera de mantener su presencia mediática, procurando no incurrir en actos violatorios de la ley, algo que no fue lo esencial para todos. La realidad es que los cuarenta y cinco días de veda han transcurrido rápido, y no se usted, estimado radio escucha, pero yo no he percibido la tan invocada abstinencia, pues un día sí y otro también, los candidatos se las han ingeniado para ser noticia y aparecer en radio, televisión y prensa escrita todos los días.

Y es que en algunos casos como en la protesta de los candidatos ante los partidos que los postulan y en el de su registro como tales ante la autoridad electoral, resultaban una gran tentación para subirles el tono y llevarlos, de eventos protocolarios de simple trámite, hasta convertirlos en grandes sucesos de alto impacto, con todo y el riesgo de incurrir en actos anticipados de campaña y ser objeto de sanciones.

Como lo hemos comentado con anterioridad, una ley tan detallista como es la electoral hace más complicada su observancia, así que a la autoridad no le ha quedado más remedio que ser flexible en la interpretación de la norma, en bien del desarrollo del proceso, aunque a veces, pareciera que las violaciones son evidentes. Si la autoridad se apegara estrictamente a la letra de la ley, para estas fechas no tendríamos candidatos presidenciales, pues unos más que otros han incurrido en actos que no pueden negar su intención abiertamente proselitista, y por lo mismo, acciones prohibidas para este período de intercampaña, cuya sanción es la cancelación del registro del candidato.

Dos han sido los actos anticipados de campaña más evidentes, ante los que la autoridad ha tenido que hacerse de la vista gorda. Uno fue el cometido por la aspirante panista, Josefina Vázquez Mota, con motivo de su protesta como candidata formal ante la dirigencia de su partido, realizado en el estadio Azul de la ciudad de los deportes, en esta capital. La forma y el fondo del acto, esto es el escenario y su discurso constituyeron un típico acto anticipado de campaña, que difícilmente podría negarse.

El otro caso tendrá que quedar registrado en el anecdotario de nuestra historia político-electoral, pues tuvo lugar precisamente en las instalaciones de la autoridad, esto es, ¡en la sede del Instituto Federal Electoral (IFE)! hace sólo unos días.

La semana pasada el candidato de la Coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, asistió a las instalaciones del IFE para solicitar su registro como candidato presidencial. Una vez concluida la ceremonia protocolaria, el candidato de las izquierdas habría salido a la explanada del Instituto, previamente acondicionado por el PRD, para exponer, ante los invitados de los tres partidos que lo postulan, los principales puntos de su plan de gobierno.

La autoridad electoral había sido muy precisa al señalar dos casos como típicos actos anticipados de campaña y, consecuentemente, violatorios de la ley durante la etapa de veda proselitista: uno, solicitar el voto de la ciudadanía, y dos, exponer la plataforma electoral, ambos en eventos públicos. Y, justo esto último fue lo que hizo el candidato de la coalición de izquierdas: dar a conocer públicamente su plataforma política, justo frente a la autoridad.

En este caso, el representante del Partido Acción Nacional ante el IFE interpuso una queja en contra del candidato López Obrador y la Coalición Movimiento Progresista, acusándolos de haber incurrido en actos anticipados de campaña, consistentes en la presentación pública de su plataforma política. La denuncia, sin embargo, podemos augurar que no tendrá éxito, porque a estas alturas la autoridad no quisiera victimizar a ningún candidato, y mucho menos al de las izquierdas, dados los antecedentes del proceso electoral de hace seis años. Eso sí, la queja, representa un verdadero dolor de cabeza para la autoridad, pues según las evidencias, la violación es clara y hasta provocadora, podríamos afirmar. Será interesante conocer los argumentos que aduzca la autoridad para justificar estos actos y librar al candidato de una sanción fatal.

Por lo pronto, este próximo fin de semana concluye la intercampaña, con lo que se dará paso a la etapa de las campañas electorales, la que nos permitirá conocer mejor a los candidatos presidenciales. Suponemos que entonces las encuestas mejorarán su proyección, al recoger la opinión de una ciudadanía más informada y con mayores elementos para expresar sus preferencias.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

Cuando vemos los enfrentamientos ocurridos en prácticamente todos los partidos políticos, con motivo de la selección interna de las candidaturas a diputados locales y jefes delegacionales de esta capital, no queda más que reconocer la habilidad desplegada por los dirigentes de estos institutos al resolver, sin mayores daños ni bajas que lamentar, las postulaciones de sus candidatos a la jefatura del gobierno de la ciudad.

PRI, PAN y PRD, cada uno de acuerdo a su circunstancia, desempeño político y expectativas, tuvieron que conciliar intereses y negociar posiciones para lograr los acuerdos que permitirían definir a sus candidatos, en santa paz, o casi. El proceso más complejo, por su carácter de partido en el gobierno y por el número de aspirantes y fuerzas políticas participantes, habría sido el del partido del sol azteca, resuelto con el único candidato que les permitiría ser altamente  competitivos en la contienda.

En el caso del Acción Nacional, las diferencias entre diversos aspirantes sin peso suficiente para participar con posibilidades de éxito, los llevó a buscar una candidata externa en una arriesgada apuesta que todavía no está claro cómo vaya a resultar. El tricolor, ya había anunciado, un buen tiempo atrás, su propuesta de candidata, que aparecía virtualmente como única. Una experimentada política con altas calificaciones. Sin embargo, ciertos desajustes internos hicieron que otro aspirante solicitara también su registro. Al final, hace sólo unos días, y con el tiempo encima, prevaleció la candidatura de unidad con la declinación en favor de la candidata original, aunque anda por ahí una impugnación con negras intenciones.

Existe una cuarta candidatura, también resuelta hace unos días, la del Partido Nueva Alianza, que tras el rompimiento de su alianza con el Revolucionario Institucional, tuvo que buscar un candidato emergente que encontró en una inquieta ex militante tricolor. Ahora ya podrá participar en el proceso, si bien con más ánimo que posibilidades de competencia.

Y bueno, como decíamos en un principio, la tersura en las postulaciones para la jefatura de gobierno se perdió a la hora de poner en práctica los acuerdos para las posiciones en la Asamblea de Representantes y en las delegaciones del Distrito Federal. Reclamos, impugnaciones y hasta enfrentamientos corporales, por acuerdos en lo obscurito y prácticas antidemocráticas como compra de votos, acarreos e inflación de padrones que, según denuncias, fue la tónica de la jornada para la definición de candidaturas.

Procesos con pretensiones democráticas, en ocasiones, aunque las más de las veces respondiendo a intereses de grupo, encendieron los ánimos, siendo causa de diferencias irreconciliables. En breve, los partidos conocerán el costo de sus postulaciones y la gravedad de sus fracturas, cuando las hubo. Al fin de cuentas, tras los dimes y diretes, y los jaloneos acostumbrados, cada uno habrá de completar sus listas de candidatos para iniciar, en tiempo y forma, las campañas electorales.

Hay otro tema que vale la pena comentar, y es el que tiene que ver con la aprobación que hiciera, hace unos días, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sobre la tan llevada y traída iniciativa de reforma política que les fuera remitida por el Senado horas antes de la conclusión del período de sesiones pasado.
Si bien, esta aprobación no se refiere a todo el paquete original, habría que reconocer que se trata de un avance no menor en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, considerando la resistencia que ha tenido que enfrentar esta reforma.

En primer lugar se aprobó la propuesta del Senado para que los asuntos que ya fueron votados a favor por ambas cámaras se vayan a las legislaturas de los estados, siguiendo el procedimiento para las reformas constitucionales. Así, ya no tendrá que esperarse hasta que  las dos cámaras aprueben la reforma completa, lo que permite avanzar en los temas en donde ya existen consensos.

Por lo pronto, los temas que aprobados son: la iniciativa popular, que permite a los ciudadanos  la posibilidad de proponer iniciativas de ley con la obligación, por parte del Congreso, de procesarlas y dictaminarlas. La iniciativa preferente, una atribución del Ejecutivo Federal para reclamar prioridad en el proceso legislativo a iniciativas suyas. La ratificación, por parte del Senado, de los nombramientos de comisionados de órganos reguladores, que proponga el Ejecutivo.

La sustitución automática en casos de falta absoluta del Presidente de la República, por los secretarios de Gobernación, Hacienda o Relaciones Exteriores, en ese orden, en tanto el Congreso procesa, los consensos para el nombramiento del Presidente interino o sustituto, es otra reforma aprobada. La posibilidad de que el Presidente pueda rendir protesta en forma alterna, no sólo ante el pleno del Congreso de la Unión, sino ante las mesas directivas de ambas cámaras o, inclusive, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la  autorización para candidaturas independientes, a partir de 2015, tema polémico que seguramente habrá de darle gusto a muchos.

Bien por los diputados, y ojalá aceleren los trámites para que estas reformas se hagan realidad, lo antes posible.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

Por si algo nos faltara para entretenernos durante este interregno de la no promoción del voto en pleno proceso electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más bien uno de sus ministros, relanzó a la agenda nacional un polémico caso judicial que, no hace mucho, tambaleó nuestras relaciones con el gobierno de Francia. El juicio de la ciudadana francesa, Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, que parecía ya cosa juzgada, recuperó vigencia ante el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar, que propone otorgarle el amparo a la acusada, lo que significaría su inmediata libertad.

La Corte estudia este caso en revisión del amparo directo promovido por los abogados de la Cassez, que fuera  negado por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia penal, como última instancia para poner fin a este polémico caso, justo en momentos de gran sensibilidad política que viven ambos países por razones electorales.

En Francia, porque el presidente Sarkozy se halla en plena campaña para lograr su reelección, y la defensa de su conciudadana ya la había asumido con anterioridad casi como una causa de estado, con un claro interés político. Así que, una sentencia favorable en estos momentos sería el mejor obsequio que podría recibir este dignatario en abono a sus propósitos electorales.

Recordamos que durante su visita a México, en marzo de 2009, el tema que prevaleció en la agenda de trabajo del presidente francés fue, precisamente, la entrega de su paisana para que pudiera cumplir su condena en Francia, cuestión que litigó inclusive ante el congreso mexicano. Como consecuencia de la negativa a su petición, las expresiones de protesta no se hicieron esperar, provocando un enfriamiento en las relaciones entre ambos países que llevaron hasta la suspensión del proyecto México en Francia, programado para realizarse durante el año pasado. Una vez más, en mayo de 2010, el presidente francés habría insistido en su solicitud, recibiendo la misma negativa como respuesta. Así que la relación bilateral no mejoró mucho.

En nuestro país, por el proceso electoral que estamos viviendo, todo o casi se contamina con la política, por lo que una resolución en contrario a la condena, representaría un fuerte golpe para el gobierno, que seguramente los partidos políticos, contendientes en la carrera presidencial, aprovecharían para agudizar sus críticas en contra de la política de seguridad y justicia seguida por esta administración, tema sensible en extremo, que ha sido objeto del mayor cuestionamiento por parte de la oposición.

Pero aquí, al igual que como la Suprema Corte no entra a estudiar el fondo del juicio sobre la culpabilidad o no de la acusada y sentenciada, y sólo examina si se cometieron o no violaciones graves durante el procedimiento que pudieran haber impedido el ejercicio de su derecho a la defensa, nuestro comentario también tiene que ver más con la forma como se está manejando la información del proyecto de sentencia, que con lo que finalmente vaya a resolverse.

En efecto, aunque pudiera equivocarme, no recuerdo que sea costumbre de nuestro máximo tribunal de justicia dar a conocer sus fallos través de los medios de comunicación, y menos informar, por esa vía, el sentido de los proyectos de sentencia que se van a someter a discusión para la resolución de los juicios, como es el caso que nos ocupa. Aun tratándose de un asunto que trasciende nuestras fronteras, o tal vez, por esa misma razón, el juzgador debería haberse conducido con mayor discreción, para no contaminar el proceso, y evitar que intereses, más allá de los estrictamente relacionados con el caso, pudieran influir en el sentido del voto de los ministros.

No entiendo la motivación que llevó al ministro Zaldívar o a la Corte a ventilar públicamente una propuesta de resolución, que se ha convertido en nota de ocho columnas, precisamente en tiempos electorales. Evidentemente que el vacío informativo sobre las actividades de los candidatos presidenciales facilitó la gran cobertura noticiosa que se le ha dado a un proyecto de sentencia que va en sentido contrario de tres resoluciones condenatorias previas. No se ve la utilidad de precipitar la información sobre un mero proyecto, cuando su discusión está tan próxima, el día 21 de este mes, a no ser que la intención fuera conocer como soplan los vientos de la opinión pública en este caso, lo cual no dejaría muy bien parado a este alto tribunal. Acaso un afán de protagonismo, con miras futuristas muy aceleradas, o quizás el interés por remover un tanto el ambiente político.

En todo caso, nada que ver con la justicia, porque con intención o no, lo que se logró, más allá de cómo se resuelva el caso, es enrarecer innecesariamente el ambiente político, en mal momento.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx

Miguel Tirado Rasso*

La realidad se impone. Cuando la ley ordena, contra natura, la abstinencia en plena euforia político-electoral, y los actores de la contienda deben guardarse, so pena de quedar descalificados de la carrera presidencial, las encuestas hacen su juego, cubriendo el vacío impuesto para el período de la “inter campaña”. Con todo y la escasa actividad de los candidatos, las mediciones continúan, dándose a  conocer los posicionamientos de los candidatos virtuales, según los  estudios de opinión de diversas encuestadoras.

Aunque la campaña electoral para la primera magistratura del país formalmente no ha comenzado, recordamos que el COFIPE señala el 31 de marzo como fecha de inicio para las campañas, la realidad es que desde mucho tiempo atrás los aspirantes se hallaban enfrascados en una intensa autopromoción. No resulta una sorpresa, entonces, que también la opinión pública, desde hace un buen rato, hubiera comenzado a tomar partido, expresando su opinión por diversas vías, como en el caso de las encuestas.

Así que, aún antes de conocer formalmente pensamiento, propuestas y programas de gobierno de los candidatos, nos encontramos inmersos en profundas discusiones sobre la posición que ocupan estos personajes entre las preferencias de los futuros electores. Ahora bien, como estos estudios los han venido realizando diversas empresas desde hace varios meses, y por ser los únicos puntos de referencia con que se cuenta sobre la competencia electoral, su importancia ha ido adquiriendo cada vez un mayor peso, y su influencia aumenta en los tiempos de abstinencia.

En este contexto, se entiende que la semana pasada nuestro escenario político-electoral se cimbrara ante la publicación de una encuesta de la empresa GEA-ISA que indicaba que la ventaja del candidato priísta, Enrique Peña Nieto (36%), sobre el segundo lugar que ocupa la panista, Josefina Vázquez Mota (29%), se había reducido a sólo siete puntos, cuando en la anterior medición, de la misma casa encuestadora, la ventaja estaba entre 25 y 30 puntos. Ciertamente un espectacular descenso. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de otra encuestadora, Parametría, publicada también en esos mismos días, la ventaja del candidato tricolor sobre la candidata blanquiazul se mantenía en dos dígitos (17 puntos). Ambas mediciones ubicaban, sin embargo, en una posición parecida al candidato de las izquierdas con un 17% y 19%, respectivamente, en las preferencias.

Qué hace que dos empresas con prestigio muestren resultados tan diferentes, no es fácil de explicar. Pero que estos resultados son utilizados por los partidos como estrategia de campaña, por aquello de las percepciones, ni duda cabe.  Y de ahí que el IFE haya establecido reglas para las empresas encuestadoras a fin de controlar su manejo. Y es que no hay forma de saber que tanto pueda influir la publicación de las encuestas en el ánimo de los potenciales electores. Quizás no para determinar el resultado de una elección que esté muy abierta, pero cuando la competencia es cerrada, creo que el manejo de los números puede ayudar a inclinar la balanza entre los electores indecisos.

Los niveles de preferencias que alcanzan actualmente los candidatos tenderán a variar en todos los casos. La explicación es sencilla. Las mediciones actuales corresponden a una etapa en la que la exposición de los actores ha sido irregular. Sólo la candidata del PAN tuvo la posibilidad de aprovechar formalmente los medios electrónicos, en particular la televisión, que es la que da la mayor proyección, durante el proceso interno de selección de su partido, lo que explica la mejoría en su posicionamiento. Los demás candidatos, imposibilitados por ley para hacer campaña, tuvieron que ingeniárselas para no perderse, por lo que su exposición fue discreta, de ahí su estancamiento o descenso en las encuestas.

Las cosas cambiarán a partir de que inicien las campañas, y entonces dependerá de las estrategias de cada partido y de la habilidad de sus candidatos para mantenerse, mejorar o rezagarse. Existe un alto porcentaje de indecisos y hacia ellos tendrán que enfocarse en busca de su voto, aunque tampoco hay que descartar los votos que durante la campaña se quiten uno y otro partido o candidato.

Varios son los factores que mueven las preferencias del ciudadano. A diferencia de lo sucedido en el proceso electoral de 2000, en el que el triunfo blanquiazul habría que atribuírselo a un voto emitido más a favor del candidato que a su partido, sin excluir, por supuesto, el voto de castigo al PRI, que tuvo un gran peso, creo que en esta ocasión, candidatos y partidos, comparten preferencias y suman más que restan. Al menos, en el caso del PRI y del PAN, porque aún y cuando Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, por sí mismos le agregan puntos a sus partidos, éstos mantienen un buen nivel de preferencias, lo que determina un conveniente equilibrio de beneficio mutuo.

No es el caso del candidato de las izquierdas, porque Andrés Manuel López Obrador definitivamente aporta más a los partidos que lo postulan que los puntos que éstos puedan darle a su candidatura. Es el precio del desgaste que han sufrido el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano por sus desencuentros. Y en el caso del cuarto candidato, Gabriel Quadri, el del Partido Nueva Alianza, habría que decir que la contribución de uno al otro es recíprocamente virtual, pues ambos se encuentran muy abajo en su posicionamiento entre la opinión pública, y el corto tiempo de campaña no les permitirá mejorar mucho esta condición.

*Analista

mitirasso@yahoo.com.mx